Un fracaso que resultó útil

0
195

Con un inexplicable atraso de muchos años, el gobierno ha establecido que las ataduras normativas del bloque sobre tratados de libre comercio no rigen

Era difícil concebir que el fracaso del Mercosur pudiera favorecer a Uruguay. Poco años después de su creación nuestro país sufrió el peso de los proteccionistas intereses domésticos de Brasil y Argentina y de restricciones a su libertad de comercio, mientras el viento se llevaba las declamaciones de integración regional. Pero ahora, con un inexplicable atraso de muchos años, el gobierno ha establecido que las ataduras normativas del bloque sobre tratados de libre comercio no rigen. Las razones son omisiones de procedimiento del Mercosur y la incapacidad de sus miembros para concretar su objetivo fundacional de crear una unión aduanera y una zona de libre comercio.
Todo gira en torno a la resolución 30, que exige permiso de los demás socios para concluir TLC bilaterales, por fuera del bloque. La resolución fue una de 11 aprobadas a comienzos de este siglo con la intención de relanzar al Mercosur con una política comercial común, frustrada como tantas otras de sus iniciativas grandilocuentes. Su único resultado visible fue mantener con vida las ancianas negociaciones de un TLC con la Unión Europea que, como viene sucediendo desde 1995, acaban de fracasar por enésima vez en la reunión de ambos bloques en Asunción. Pero hete aquí que la manida resolución nunca fue incorporada al ordenamiento jurídico de los países que integran el Mercosur, por lo cual no está en vigencia.

Lo comprobó un estudio requerido a juristas por el presidente Tabaré Vázquez meses después de su regreso de China, con cuyo gobierno había acordado un TLC de crucial importancia para Uruguay pero al que el gobierno brasileño de Michel Temer prontamente le puso la proa. El documento gubernamental concluyó enfáticamente que la resolución 30, al no tener ratificación parlamentaria y posterior ingreso a la normativa jurídica del bloque, carece totalmente de vigencia y en forma alguna limita la libertad para comerciar donde, como y con quien más convenga. La luz verde encendida por el informe profundiza adicionalmente la invalidez de la resolución 30 porque no solo le falta peso jurídico sino que nunca se concretó la unión aduanera y zona de libre comercio, que eran la razón de esa y las demás medidas aprobadas en 2000.

El camino a TLC bilaterales no queda, sin embargo, totalmente expedito y asegurado. Por un lado, sobrevive la posibilidad de represalias comerciales, especialmente por Brasil, nuestro segundo socio comercial pero cuyo gobierno mantiene frías relaciones formales con el nuestro por el imprevisor apoyo frenteamplista a Lula da Silva y Dilma Rousseff. Por otro, fuertes sectores de la alianza de izquierda se oponen a la apertura comercial por tozudez proteccionista o simpatías ideológicas. Tal vez no objeten el TLC con China, de enorme trascendencia para Uruguay porque permitiría exportar a nuestro principal mercado sin pago de aranceles, poniéndonos en pie de igualdad competitiva con Australia y Nueva Zelanda. Pero esos sectores han congelado la ratificación del TLC ya firmado con Chile o de iguales proyectos con otros poderosos mercados del Pacífico. De todos modos, el informe jurídico del gobierno abre una puerta que parecía clausurada, a menos que Uruguay abandonara el Mercosur. Habrá que ver ahora como reaccionan nuestros vecinos y como se comportan los sectores del Frente Amplio empeñados en empantanar el desarrollo del país.